Diputada acusa “discriminación” y “centralismo” tras congelamiento de tarifas en el transporte público sólo en Santiago y no en todo el país

Como un “acto discriminatorio” calificó la diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, la decisión del Gobierno de congelar durante el primer semestre de este año las tarifas del transporte público sólo en Santiago y en algunos sistemas regulados del país, lo que en la práctica significará que, con los impuestos generales que pagan los chilenos, se subsidie únicamente a ciertas personas.

Sobre este tema, la parlamentaria afirmó que la medida es “absolutamente centralista”, puesto que sólo un 52% de los usuarios del transporte público viven en zonas que se encuentran reguladas, por lo que prácticamente la mitad de las personas no se verán beneficiadas con el anuncio.

“Santiago no es Chile. La capital ya goza de una infinidad de privilegios como para que, más encima, los beneficien con este tipo de anuncios. Por supuesto que el congelamiento de las tarifas puede ser una medida oportuna dado el actual escenario económico que vivimos, pero no existe ningún argumento para que sólo se aplique en las zonas donde hay servicios regulados, y no en el resto del país, como ocurre en la Región de O’Higgins. La única explicación es que la actual administración sigue gobernando con una mirada totalmente centralista”, cuestionó Romero.

En esa línea, la representante del Distrito 15 incluso aseguró que el anuncio del Gobierno “tiene letra chica”, argumentando que “cuando congelas las tarifas del transporte público, sobre todo en lugares como Santiago, donde la evasión alcanza un 40%, de algún otro lado tienes que obtener recursos para subsidiar esa pérdida, por lo tanto, lo mismo que le están dando a un chileno con este beneficio se lo están sacando de su propio bolsillo, a través de los impuestos que debe pagar”.

Por lo mismo, la parlamentaria emplazó al Ejecutivo, en específico a los ministerios de Transportes y de Hacienda, a extender dicha medida al resto de los servicios en el país, de manera que “el lugar donde viva una persona no sea condicionante para que le suban o mantengan las tarifas”.

“El Gobierno tiene la obligación de explicarle a todos los chilenos que esta medida beneficiará principalmente a quienes viven en Santiago, y en un grado muy menor a quienes viven en sectores donde existen sistemas regulados. El resto de las personas, que son prácticamente la mitad de los usuarios del transporte público en todo el país, no van a ser beneficiadas y, probablemente, sufrirán un alza en el precio de los pasajes, como ya ocurrió durante todo el 2020”, reiteró Romero, quien incluso le planteó al Ministerio de Transportes la posibilidad de rebajar las tarifas durante este año.

Si efectivamente queremos ayudar a las familias que más lo necesitan, que son justamente las que utilizan el transporte público en su gran mayoría, no deberíamos pensar solamente en un congelamiento de las tarifas, sino que también en una rebaja en los precios. El Gobierno debe buscar una alternativa responsable para financiar esta medida y así poder beneficiar a todos los chilenos y no sólo a quienes viven en Santiago”, sostuvo la representante de O’Higgins.

Noticia publicada con información de El Cachapoal

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